Bogotá 6 de noviembre (NOVACOLOMBIA) No existe aún parte oficial del total de acusaciones que se han dado Colombia, luego del cierre de las votaciones el pasado 28 de octubre, sin embargo las observaciones preliminares apuntan a que, en muchos lugares, los resultados de los comicios podrían cambiar.
El informe preliminar que sobre la materia conoció NOVACOLOMBIA dejó en evidencia que la Misión de Observación Electoral (MOE), determinó que existe un riesgo en los resultados de los comicios, en la medida en que, por lo menos, 16 mil mesas podrían anularse como consecuencia de las eventuales irregularidades que se presentaron el último domingo de octubre.
A lo anterior se suma el llamado de atención por el presunto fraude electoral en diferentes regiones del país, que se han manifestado con los disturbios que se presentaron y que, incluso, llegaron al punto de suspender los escrutinios.
Dentro de las inquietudes planteadas por el estudio premilitar de la MOE, se consultó con las autoridades electorales para saber lo que podría suceder de concretarse las denuncias de las supuestas irregularidades detectadas.
Algunas de las conductas que más preocupan son las relacionadas con la trashumancia, las inconsistencias en el conteo de votos y los registros que dan cuenta del número de sufragios depositados por mesa, la presencia de personas extrañas a la hora de los escrutinios, e incluso la restricción a los observadores con calidad especial.
En este sentido, la Magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Adelina Covo, dijo a NOVACOLOMBIA que de las situaciones relacionadas con la presencia de personas extrañas en las mesas de votación en el momento de los conteos, que para el MOE se presentó en el 19% de las mesas vigiladas por sus miembros, hasta el fin de semana que pasó ella no tenía conocimiento de denuncias como tal. Sin embargo, aunque no se ha establecido la naturaleza de estos sujetos, comentó que una parte podrían corresponder a observadores.
Covo agregó que su preocupación, por la cual sería posible iniciar alguna investigación, tendría que ver con, por ejemplo, algunos observadores especiales a quienes la oficina de la magistrada entregó credenciales y a quienes les fue restringido el acceso a los puestos de votación, además, indicó que en ciertas registradurías que los delegados fueron expulsados por las autoridades de los lugares de sufragio.
Aunque no se habían presentado denuncias formales, Covo manifestó que tenía algún conocimiento de este tipo de irregularidades en Manizales (Caldas), en donde puntualmente a uno de sus observadores especiales no le fue reconocida su credencial y terminó expulsado por la Policía. "Tengo conocimiento de intención de denuncias en Magdalena, Meta, entre otros lugares, pero todavía no se ha recibido una acusación por escrito", agregó.
Uno de los puntos que más inquieta a observadores, ciudadanos y candidatos es el que ha tenido que ver con las diferencias en los registros de los votos contados en cada mesa, en especial las inconsistencias que se evidencian en los formularios E-14 por la disimilitud de cifras.
En esa línea, el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, manifestó que ese tipo de labor le corresponde a las comisiones escrutadoras, que deberán verificar esos resultados. "Nosotros como Registraduría tenemos que acogernos a que esas denuncias las reciban las autoridades correspondientes", dijo el registrador.
Bajo la misma visión se mostró el magistrado del CNE, Marco Emilio Hincapié, quien citó el procedimiento del Código Electoral como el paso a seguir en este tipo de situaciones, en el que habría espacio para las reclamaciones, y, en el caso de mesas con excedentes de votación, la exclusión de estos. "Creo que ya existen unos pasos a seguir, lo que falta es que si existen denuncias, que las formalicen", explicó.
Sin embargo, un escenario más delicado sería la probabilidad, como lo expresó la magistrada Covo, es que estas incongruencias pudiesen tomarse como causal de anulación de la mesa, y, por lo tanto, los votos depositados en ella. Esto significaría que, en caso dado, si se excluyese un porcentaje similar al que percibió el MOE, el 20% de las 80.754 mesas instaladas, unas 16.150, serían invalidadas junto con sus sufragios.
Una de las disposiciones que se incluyeron, desde 2003, en el Sistema Electoral colombiano a raíz de experiencias pasadas fue el de restringir la publicidad política el día de las elecciones, como medida para mantener el orden en las calles y un ambiente sano en los comicios. Sin embargo todavía existen quienes se resisten a acatar la norma que, de acuerdo al informe preliminar de la MOE, sus observadores itinerantes encontraron este fenómeno en proporción del 22%.
En este punto, y de acuerdo al alto tribunal, de llegársele a comprobar a un candidato que realizó actividades publicitarias prohibidas el día de elecciones, éste podría afrontar una sanción pecuniaria que iría de los 8 millones de pesos a más de 80 millones. (NOVACOLOMBIA)