El presidente paquistaní, el general Pervez Musharraf, intenta manejar, no sin grandes dificultades, el complejo escenario que él mismo ha creado: réplicas en la calle al estado de excepción que le llevan a aplicar cada vez más mano dura, y administración del tiempo para afrontar las elecciones generales, previstas para enero, con garantías de salvar el tipo. Ayer, en el tercer día desde la suspensión de la legalidad, la dura actuación policial contra los abogados se cobró decenas de heridos y cientos de detenidos, hasta alcanzar los casi 2.000 desde el sábado. Musharraf intentaba aplacar los ánimos obligando a rectificar a su primer ministro, Shaukat Aziz, quien el domingo había afirmado que los comicios se retrasarían un año. El propio Musharraf prometió ayer que «se ajustarán al calendario en la medida de lo posible», aunque dejó la fecha en el aire. Además, ante el cariz violento de los acontecimientos, reiteró su disposición a abandonar la jefatura del Ejército.
Represión creciente
No sólo el general desoye las presiones internacionales que cada vez llegan desde más frentes, sino que la tensión crece y, como una bola de nieve, la represión también. A las imágenes de la intervención policial contra los defensores del Supremo, con gases lacrimógenos y palos y sin contemplaciones, se une un control cada vez más férreo de la difusión de noticias.
La Policía actuó con contundencia contra la concentración en las inmediaciones del Tribunal Supremo en la ciudad de Lahore, al este del país. Dicho organismo quedó suspendido después de que Musharraf decretase el estado de excepción y, en consecuencia, eliminase las garantías constitucionales que, entre otros asuntos, mantenían en el aire la legitimidad de su reelección presidencial.
Ayer, los abogados intentaron salir a la principal avenida de la ciudad para continuar con su protesta, en la que gritaban lemas como «¡Vete, Musharraf, vete!». Aunque la Policía respondió desde el principio con dureza y fueron frecuentes las imágenes de apaleamientos en plena calle y detenciones contundentes, los allí congregados insistieron en el lanzamiento de piedras y ramas de árboles.
A continuación, las Fuerzas de Seguridad bloquearon el acceso a los juzgados de todo el país para evitar el efecto de imitación, que también se dio en Karachi y Multan. El jefe de Policía de Lahore, Aftab Cheema, defendió la actitud de los agentes, mientras que el abogado Sarfraz Cheema no dudó en condenar «la brutal acción de la Policía». A su juicio, supone «una muestra de cómo el Gobierno de un dictador pretende acallar las protestas de aquellos que están en contra de la dictadura».
Según los analistas, Musharraf intentará probablemente retrasar las elecciones parlamentarias de enero hasta que haya blindado su poder y amilanado a la oposición. El decreto de estado de excepción y de suspendió la Constitución del pasado sábado no es, en este sentido, sino un nuevo intento por apuntalar su mando, que se estaba derrumbando tras un desgaste de ocho años en el poder, al que se encaramó en 1999 tras dar un golpe de Estado incruento.
Si Musharraf justificó la medida de emergencia alegando episodios de violencia islamista e intromisiones judiciales en la acción de su Gobierno, en realidad la decisión ha terminado de sumir en el caos el futuro político del país, a lo que ha contribuido la incertidumbre que recae sobre las elecciones generales, que al menos podían encarrilar el país en la senda de la democracia civil.
Arresto desmentido
Una serie de rumores, según los cuales Musharraf había sido puesto bajo arresto domiciliario por orden del jefe adjunto del Ejército, inmediatamente desmentidos por el Gobierno, no han hecho más que añadir incertidumbre.
El propio futuro de Musharraf estaba en entredicho antes de la imposición del estado de excepción debido a un veredicto que tenía pendiente el Tribunal Supremo para establecer si su reelección como presidente en las elecciones del 6 de octubre era legal.
El hombre fuerte de Pakistán se había comprometido a quitarse el uniforme el 15 de noviembre si se confirmaba su victoria en los comicios presidenciales, pero el viceministro de Información, Tariq Azeem, aseguró que ahora todo era incierto. «Antes de las elecciones Musharraf querrá garantizar» su propio futuro, declaró a AFP el analista político Hasan Askari. «Necesita dos cosas para la seguridad. Una es ser presidente durante cinco años; la segunda, seguir como jefe del Ejército mientras lo desee». «Mientras estas garantías no estén disponibles, no se prevé que celebre elecciones o vuelva el orden constitucional», dijo.