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Febrero 22 de 2003 EL TIEMPO Inconformismo de cocaleros desestabiliza al gobierno boliviano Los bloqueos de las carreteras hace poco más de un mes por parte de los campesinos cocaleros y los 33 muertos que dejaron los disturbios hace 10 días en La Paz cambiaron la imagen que se tenía de Bolivia. El que lucía como el ‘hijo aplicado’ de Estados Unidos, en políticas como la erradicación de cultivos de coca y por su fidelidad a las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), dejó ver que detrás de sus conflictos hay una bomba de tiempo a punto de estallar. A simple vista estos conflictos parecerían ejemplos específicos de la situación crítica de los países latinoamericanos. Pero la broma que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hace de su reelección, en la que dice que los bolivianos “lo escogieron para que solucione los problemas de su primer gobierno (1993-1997)”, superó el ámbito jocoso y se le convirtió en una obligación que tiene una carga adicional: arreglar los problemas que dejaron sus antecesores. Desde su posesión, el 6 de agosto, ha afrontado paros, protestas y bloqueos que ponen a la polémica hoja de coca en las noticias. Los poco más de 8 millones de bolivianos saben que con ésta se está obviando un sentimiento generalizado: todos están cansados de aguantar. Se cansaron de ser los más pobres de Latinoamérica. Las políticas económicas que se han tomado los últimos 18 años han sido las mismas, bajar la pobreza, que hoy es de 58,6 por ciento, y combatir el desempleo, que llega al 18 por ciento. “Se rompió un clima de resignación respecto a la política económica que prevalecía desde 1985. El pueblo toleró recetas y modelos del FMI que hoy ya no acepta”, afirma el analista político Roger Cortez. Presionado por el Fondo que le exigía bajar el déficit fiscal del 8,5 al 5,5 por ciento, el Gobierno adoptó medidas como el ‘impuestazo’, un gravamen de 12,5 por ciento para los salarios mayores al mínimo (430 bolivianos, unos 57 dólares), para amainar la crisis económica. Pero las medidas tuvieron un efecto bumerán sobre la población. El descontento fue aprovechado incluso por la Policía para reclamar un aumento salarial del 40 por ciento. Ese día, los saqueos y la destrucción de edificios gubernamentales demostraron que cualquier evento sirve para expresar lo que Cortez llama un desajuste institucional generalizado. Un reflejo de esto “son los problemas de convivencia social, niveles de exclusión y discriminación hacia grupos indígenas”, agrega. El inconformismo de la población motivó al Gobierno a pedirle al FMI replantear sus exigencias frente al déficit. Y la solicitud tuvo eco. El viernes el Fondo le concedió a Bolivia un deseo por ser buen alumno y permitió que la meta del déficit quede en 6,5. Este ‘favor’ fue un elemento refrescante para Sánchez de Lozada, que intenta todo para aliviar el descontento de su pueblo. Pero además de la crisis económica, el Presidente se enfrenta con opositores que cada vez tienen más fuerza y espacio político: los indígenas que constituyen la mitad de la población. Un puesto logrado gracias al trabajo de líderes como Evo Morales, de la Nueva Fuerza Revolucionaria y quien tuvo la segunda votación en las elecciones presidenciales pasadas, pero que aún no encuentra un lineamiento político que lo aleje de su imagen de representante y defensor de los campesinos cocaleros. Todo esto ha derivado en una crisis de gobernabilidad que puede explotar en cualquier momento o lugar, y que amenaza con truncar el mandato de Sánchez de Lozada. Crisis que amplía su espectro en el tema de la erradicación de cultivos de coca y que siempre incomoda a E.U. El factor coca La discusión de la coca es un tema tan complejo como largo y polémico, aún después de haber cumplido con las metas impuestas por Washington a cambio de beneficios económicos. Desde 1999 Bolivia se ha convertido en el ejemplo a seguir en materia de erradicación de cultivos ilícitos en América Latina, por haber destruido más de 38 mil hectáreas, y se vuelve espinoso cada que se habla de las áreas cultivadas soportadas por la Ley de Sustancias Controladas. El 18 de enero pasado, en la región del Chapare (Cochabamba), los campesinos que bloquearon las vías reclamaban el derecho a cultivar coca con el argumento de que es la única forma de trabajo de 40 mil familias. La diferencia es que el Gobierno solo reconoce como legales los cultivos de los Yungas, área cercana a la capital, donde la coca tiene un uso tradicional. La ley ha tenido modificaciones en los últimos cinco años porque algunos de sus artículos eran inconstitucionales y solo regula a los Yungas, donde pueden existir hasta 12.000 hectáreas. El problema es que el Chapare, donde hay unas 15.000 hectáreas de hoja destinada al narcotráfico, no está cubierto por esa ley. Una piedra en el zapato para el Presidente, que de todas maneras tiene que negociar ante el cierre de la principal carretera boliviana. Por ahora, y como una forma de que Washington ceda un poco, el Gobierno acordó contratar un estudio a un organismo internacional para investigar la demanda interna de coca y a partir de allí mantener o reducir la superficie cultivada que la ley permite. Al margen de este problema, el gobierno de ‘Goni’, como se conoce al mandatario, ha pensado en soluciones y designó a su vicepresidente, Carlos Mesa, para que empiece un diálogo nacional en el que recogerá demandas e insatisfacciones. Una decisión que se ajusta a los planteamientos de los analistas, que ven una salida lógica en que el Gobierno escuche al pueblo. Así, Sánchez de Lozada volvió a sus compromisos de campaña y tomó medidas como su renuncia al sueldo de 3 mil dólares, el cambio del gabinete y la reducción de ministerios y cargos burocráticos. Soluciones que de todas maneras están salpicadas de la imagen de los partidos, de la corrupción y que por ahora pueden ser paños de agua tibia hasta que un nuevo detonante dé otro matiz a la crisis. Pero los bolivianos guardan la esperanza de que todo salga bien. GUIDO HOYOS Otras Noticias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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