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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Viernes 14, Febrero de 2003

../20030214/images/na1.jpgVan más de 30 muertos y Goni no cambia rumbo del gobierno


Quema. La bronca de algunos sectores de la población se descargó ayer sobre los colores del MNR y sus socios


La de ayer fue una jornada tan o más sangrienta que la del miércoles negro. Al menos 18 muertos es el saldo de los graves enfrentamientos que ocurrieron ya no sólo en La Paz. Ocho personas murieron en la ciudad de El Alto, según un informe de la Agencia de Noticias Fides. En Chapare perdió la vida un cocalero, mientras que en el centro paceño también murieron ocho ciudadanos, durante las movilizaciones de protesta contra el gobierno.
A diferencia de la primera jornada de violencia, en la que la mayor parte de los fallecidos fueron efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, el jueves las víctimas resultaron ser civiles. Incluso, una enfermera perdió la vida cuando intentaba auxiliar a un herido en una ambulancia. La mujer habría sido abatida por el disparo de un francotirador.
Los desbordes de la población se agravaron por la ausencia de policías en las calles, ya que en la mañana todavía seguían amotinados. Esta vez la violencia no sólo se produjo en la Sede de Gobierno. Se extendió casi con las mismas características de La Paz a El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz de la Sierra. A la cabeza de la COB y otras organizaciones sociales, los manifestantes salieron a protestar ya no contra el “impuestazo” derogado el miércoles pasado. La motivación central fue el pedido de renuncia del Presidente y el Vicepresidente de la República. Simultáneamente, crecían las exhortaciones de grupos de ciudadanos y varias instituciones a restablecer la tranquilidad en el territorio nacional.
En la marcha de Santa Cruz se entremezclaron pancartas que demandaban recursos para la universidad estatal, letreros que cuestionaban al Primer Mandatario y manifestantes que portaban pañuelos blancos, en demanda de paz. Tras la movilización, la capital vivió una tarde de caos jamás vista, protagonizada por vándalos que saquearon varias tiendas. El débil control policial fue aprovechado para los robos.
Hasta esa hora, el gobierno no había logrado convencer a los uniformados amotinados en tres ciudades de que debían retomar sus labores de protección ciudadana.
Por ese descontrol, La Paz vivió también una jornada violenta. Al constatar el riesgo de que la movilización sindical llegaría otra vez a provocar disturbios en la Plaza Murillo, el Ejecutivo ordenó el desplazamiento de tropas militares fuertemente armadas en las cercanías del Palacio Quemado. Imponentes tanques transitaron las vías de acceso al corazón de la sede de gobierno. Los soldados dispersaron varias veces a los manifestantes con gases y tiros al aire. Sin embargo, no se pudo evitar que balas presumiblemente disparadas por francotiradores provoquen las muertes de civiles. En la noche, el Vicepresidente de la República anunció una investigación de estos sucesos.
Entre el miércoles y la tarde de ayer casi nada cambió en el país. Al contrario, creció el descontento y aumentaron los muertos. Entrando la noche, el Presidente consiguió con un acuerdo restablecer su control de la Policía. Así logró dispersar las protestas y disminuir los saqueos que se multiplicaron en al menos tres ciudades del país y que continuaban hasta la noche en El Alto.
También aprobó una resolución ministerial que establece la vuelta a la normalidad de las actividades de las instituciones públicas y privadas desde hoy. En tanto, ordenó el reinicio de las labores escolares desde el próximo lunes.
En la jornada crecieron también las versiones de un posible cambio de ministros para aplacar las crecientes protestas sociales. Fuentes del entorno presidencial confirmaron anoche que el relevo de algunos colaboradores cercanos del Presidente se daría una vez recuperada la normalidad en el territorio nacional.
Ayer sólo el ministro de Gobierno, Alberto Gasser, y el vocero Mauricio Antezana aparecieron en los medios de comunicación. Se supo que el Primer Mandatario se mantuvo durante casi todo el día evaluando las consecuencias de los enfrentamientos. Cerca de las 18:00 horas se generó una gran expectativa en el país ante el anuncio del tercer mensaje presidencial desde que comenzó la crisis provocada por el “impuestazo”. Corrieron versiones en sentido que Sánchez de Lozada utilizaría esta vez su nuevo contacto con la opinión pública para anunciar un golpe de timón en el gobierno, que implicaba como una de sus primeras medidas una crisis de gabinete, entre otras acciones.
Pasadas las 20:00 el Presidente apareció en la televisión, esta vez con el semblante más tranquilo que el que mostró en las dos anteriores oportunidades en las que se dirigió el miércoles pasado al país. En su mensaje a la Nación, el jefe de Estado casi repitió el contenido de otras apariciones públicas durante los conflictos que se agravaron el último mes. Reclamó diálogo y condenó los bloqueos. Pidió paz, pese aque aseguró que el país estaba a esa hora prácticamente pacificado.
Denunció un intento de desestabilización de la democracia y se quejó por las conductas violentas que provocaron un terrible daño a la economía de Bolivia y a obras que “han tardado generaciones en hacerse”. Lamentó las muertes de los últimos dos días y condenó los perjucios a tiendas y comercios humildes, así como negocios e industrias que proveen empleos. Casi al final de su corto mensaje, juró que no permitirá más muertes ni daños en el país. Por último, emitió su anuncio más concreto, que consiste en el envío del vicepresidente Carlos Mesa a diferentes lugares del país para “hablar con el pueblo en sus barrios, universidades y escuelas”. No identificó a los culpables de las tragedias de las últimas horas, ni tampoco responsabilizó a su gobierno de la violencia.
Entre tanto, mantiene a su gabinete, los bloqueos en Chapare siguen como hace más de un mes, no hay Presupuesto, la economía retrocede y continúan las amenazas de nuevas movilizaciones sociales.
Quema. La turba siguió con los destrozos. Ayer fue el turno de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Sostenible

Mediadores demandan diálogo, oposición juicio

Mientras la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo pidieron ayer que se convoque de inmediato a un diálogo con todos los sectores de la sociedad civil boliviana, dos de los principales partidos de la oposición, el MAS y la NFR, elevaron el tono de sus cuestionamientos al gobierno.
En un documento conjunto denominado “Por la paz, el respeto a la vida y a la democracia”, la defensora del pueblo, Ana María Romero, y el presidente de la APDHB, Waldo Albarracín, hicieron un llamado a las organizaciones sociales e instituciones a que se pronuncien y contribuyan a lograr la pacificación.
“Convocamos a todos: gobernantes, opositores, militares, policías, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales y al pueblo de Bolivia a actuar con la serenidad que las circunstancias exigen, evitando más días de dolor y luto al país”.
Ana María Romero de Campero condenó el uso de francotiradores que dispararon contra personas que participaban en las movilizaciones.
El documento también señala que es necesario que los partidos de la oposición contribuyan a encontrar soluciones en el marco del diálogo y el estado de derecho y la Constitución para preservar la democracia.
De su lado, el MAS y la NFR adelantaron que se iniciará un juicio de responsabilidades al Presidente de la República y sus principales colaboradores.
El líder eneferista, Manfred Reyes Villa, anunció que las bancadas de diputados y senadores de su partido están elaborando la proposición acusatoria y acumulando todas las evidencias de que se actuó en contra de la Constitución Política del Estado y sus leyes, además de haberse violado flagrantemente los derechos humanos.
Entre tanto, el subjefe de la bancada del MAS, Antonio Peredo, afirmó que su fuerza política ya no continuará con las interpelaciones, sino que enjuiciará al Presidente y a sus ministros por los muertos en los recientes enfrentamientos.

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