El líder cocalero y de la oposición en Bolivia, Evo Morales, advirtió ayer que acudirá ante los tribunales internacionales si no prospera su acusación a nivel local contra el presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, por la muerte de 33 personas en un estallido social hace diez días tras el
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anuncio gubernamental de un ajuste tributario de los salarios, finalmente revocado.
"Esos actos criminales no pueden quedar impunes" advirtió el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), primera fuerza de oposición en el Congreso. El dirigente de los productores de coca reclamó sanciones para quienes "han vulnerado los derechos constitucionales y Humanos" de los bolivianos.
Los diputados del MAS, 35 de los 157 del Congreso bicameral, "están decididos a recurrir a la Justicia internacional para que Sánchez de Lozada pague por los crímenes cometidos", declaró Morales. Su partido presentó el pasado miércoles una denuncia ante la Vicepresidencia de la República, ampliándola a tres ex ministros de Estado.
El ex ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez, el de Interior, Alberto Gasser, y el de Defensa, Freddy Teodovic, fueron corresponsabilizados por las muertes ocurridas durante los sangrientos disturbios.
"Esos ministros han afirmado que se debe derrotar militarmente al movimiento popular con o sin muertos, aseveraciones que destruyen no sólo al país sino también al MNR --Movimiento Nacionalista Revolucionario--", el partido del presidente, sostuvo Morales.
Una propuesta similar fue entregada también a la Vicepresidencia de Bolivia por la formación populista Nueva Fuerza Republicana (NFR), que dispone de 22 parlamentarios. El vicepresidente boliviano, Carlos Mesa, que ejerce también la Presidencia del Congreso, debe exponer el caso ante el Legislativo, que votará al respecto.