Van más de 30 muertos y Goni no cambia rumbo del gobierno
Quema. La bronca de algunos sectores de la población se descargó ayer sobre los colores del MNR y sus socios
La de ayer fue una jornada tan o más sangrienta
que la del miércoles negro. Al menos 18 muertos es el saldo de los graves
enfrentamientos que ocurrieron ya no sólo en La Paz. Ocho personas murieron
en la ciudad de El Alto, según un informe de la Agencia de Noticias Fides.
En Chapare perdió la vida un cocalero, mientras que en el centro paceño
también murieron ocho ciudadanos, durante las movilizaciones de protesta
contra el gobierno.
A diferencia de la primera jornada de violencia, en la que la mayor parte de
los fallecidos fueron efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, el
jueves las víctimas resultaron ser civiles. Incluso, una enfermera perdió la
vida cuando intentaba auxiliar a un herido en una ambulancia. La mujer
habría sido abatida por el disparo de un francotirador.
Los desbordes de la población se agravaron por la ausencia de policías en
las calles, ya que en la mañana todavía seguían amotinados. Esta vez la
violencia no sólo se produjo en la Sede de Gobierno. Se extendió casi con
las mismas características de La Paz a El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa
Cruz de la Sierra. A la cabeza de la COB y otras organizaciones sociales,
los manifestantes salieron a protestar ya no contra el “impuestazo” derogado
el miércoles pasado. La motivación central fue el pedido de renuncia del
Presidente y el Vicepresidente de la República. Simultáneamente, crecían las
exhortaciones de grupos de ciudadanos y varias instituciones a restablecer
la tranquilidad en el territorio nacional.
En la marcha de Santa Cruz se entremezclaron pancartas que demandaban
recursos para la universidad estatal, letreros que cuestionaban al Primer
Mandatario y manifestantes que portaban pañuelos blancos, en demanda de paz.
Tras la movilización, la capital vivió una tarde de caos jamás vista,
protagonizada por vándalos que saquearon varias tiendas. El débil control
policial fue aprovechado para los robos.
Hasta esa hora, el gobierno no había logrado convencer a los uniformados
amotinados en tres ciudades de que debían retomar sus labores de protección
ciudadana.
Por ese descontrol, La Paz vivió también una jornada violenta. Al constatar
el riesgo de que la movilización sindical llegaría otra vez a provocar
disturbios en la Plaza Murillo, el Ejecutivo ordenó el desplazamiento de
tropas militares fuertemente armadas en las cercanías del Palacio Quemado.
Imponentes tanques transitaron las vías de acceso al corazón de la sede de
gobierno. Los soldados dispersaron varias veces a los manifestantes con
gases y tiros al aire. Sin embargo, no se pudo evitar que balas
presumiblemente disparadas por francotiradores provoquen las muertes de
civiles. En la noche, el Vicepresidente de la República anunció una
investigación de estos sucesos.
Entre el miércoles y la tarde de ayer casi nada cambió en el país. Al
contrario, creció el descontento y aumentaron los muertos. Entrando la
noche, el Presidente consiguió con un acuerdo restablecer su control de la
Policía. Así logró dispersar las protestas y disminuir los saqueos que se
multiplicaron en al menos tres ciudades del país y que continuaban hasta la
noche en El Alto.
También aprobó una resolución ministerial que establece la vuelta a la
normalidad de las actividades de las instituciones públicas y privadas desde
hoy. En tanto, ordenó el reinicio de las labores escolares desde el próximo
lunes.
En la jornada crecieron también las versiones de un posible cambio de
ministros para aplacar las crecientes protestas sociales. Fuentes del
entorno presidencial confirmaron anoche que el relevo de algunos
colaboradores cercanos del Presidente se daría una vez recuperada la
normalidad en el territorio nacional.
Ayer sólo el ministro de Gobierno, Alberto Gasser, y el vocero Mauricio
Antezana aparecieron en los medios de comunicación. Se supo que el Primer
Mandatario se mantuvo durante casi todo el día evaluando las consecuencias
de los enfrentamientos. Cerca de las 18:00 horas se generó una gran
expectativa en el país ante el anuncio del tercer mensaje presidencial desde
que comenzó la crisis provocada por el “impuestazo”. Corrieron versiones en
sentido que Sánchez de Lozada utilizaría esta vez su nuevo contacto con la
opinión pública para anunciar un golpe de timón en el gobierno, que
implicaba como una de sus primeras medidas una crisis de gabinete, entre
otras acciones.
Pasadas las 20:00 el Presidente apareció en la televisión, esta vez con el
semblante más tranquilo que el que mostró en las dos anteriores
oportunidades en las que se dirigió el miércoles pasado al país. En su
mensaje a la Nación, el jefe de Estado casi repitió el contenido de otras
apariciones públicas durante los conflictos que se agravaron el último mes.
Reclamó diálogo y condenó los bloqueos. Pidió paz, pese aque aseguró que el
país estaba a esa hora prácticamente pacificado.
Denunció un intento de desestabilización de la democracia y se quejó por las
conductas violentas que provocaron un terrible daño a la economía de Bolivia
y a obras que “han tardado generaciones en hacerse”. Lamentó las muertes de
los últimos dos días y condenó los perjucios a tiendas y comercios humildes,
así como negocios e industrias que proveen empleos. Casi al final de su
corto mensaje, juró que no permitirá más muertes ni daños en el país. Por
último, emitió su anuncio más concreto, que consiste en el envío del
vicepresidente Carlos Mesa a diferentes lugares del país para “hablar con el
pueblo en sus barrios, universidades y escuelas”. No identificó a los
culpables de las tragedias de las últimas horas, ni tampoco responsabilizó a
su gobierno de la violencia.
Entre tanto, mantiene a su gabinete, los bloqueos en Chapare siguen como
hace más de un mes, no hay Presupuesto, la economía retrocede y continúan
las amenazas de nuevas movilizaciones sociales.
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Quema.
La turba siguió con los destrozos. Ayer fue el turno de las oficinas del
Ministerio de Desarrollo Sostenible |
Mediadores demandan diálogo,
oposición juicio Mientras la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo pidieron
ayer que se convoque de inmediato a un diálogo con todos los sectores de la
sociedad civil boliviana, dos de los principales partidos de la oposición,
el MAS y la NFR, elevaron el tono de sus cuestionamientos al gobierno.
En un documento conjunto denominado “Por la paz, el respeto a la vida y a la
democracia”, la defensora del pueblo, Ana María Romero, y el presidente de
la APDHB, Waldo Albarracín, hicieron un llamado a las organizaciones
sociales e instituciones a que se pronuncien y contribuyan a lograr la
pacificación.
“Convocamos a todos: gobernantes, opositores, militares, policías,
dirigentes sindicales y de organizaciones sociales y al pueblo de Bolivia a
actuar con la serenidad que las circunstancias exigen, evitando más días de
dolor y luto al país”.
Ana María Romero de Campero condenó el uso de francotiradores que dispararon
contra personas que participaban en las movilizaciones.
El documento también señala que es necesario que los partidos de la
oposición contribuyan a encontrar soluciones en el marco del diálogo y el
estado de derecho y la Constitución para preservar la democracia.
De su lado, el MAS y la NFR adelantaron que se iniciará un juicio de
responsabilidades al Presidente de la República y sus principales
colaboradores.
El líder eneferista, Manfred Reyes Villa, anunció que las bancadas de
diputados y senadores de su partido están elaborando la proposición
acusatoria y acumulando todas las evidencias de que se actuó en contra de la
Constitución Política del Estado y sus leyes, además de haberse violado
flagrantemente los derechos humanos.
Entre tanto, el subjefe de la bancada del MAS, Antonio Peredo, afirmó que su
fuerza política ya no continuará con las interpelaciones, sino que
enjuiciará al Presidente y a sus ministros por los muertos en los recientes
enfrentamientos. |