EDITORIAL Revueltas en pueblos andinos El asesinato de un alcalde en una pequeña
localidad de Bolivia es el segundo episodio de las mismas características
que se produce en los últimos meses. Es prematuro señalar el hecho como
parte de una tendencia, así como determinar si se trata de casos de
arrebato colectivo o "justicia popular", o de luchas salvajes
por el poder, protagonizadas por grupos de dirigentes.
De uno u otro modo, son síntomas preocupantes del grado de deterioro del
Estado en el nivel municipal y local en muchas áreas de la región,
inoperante para responder a las demandas sociales.
Las poblaciones, afectadas por la exclusión económica, el estancamiento
o avance de la pobreza viven en un estado de protesta e indigencia crónicas
que puede derivar en estallidos periódicos de violencia anárquica,
repudio y enfrentamiento con los poderes instituidos.
Al mismo tiempo, esta divisoria tajante entre dirigentes y dirigidos,
producto de la severa crisis en la representación política, conduce a
choques cuyas consecuencias terminan lamentando todos. El asesinato del
alcalde Benjamín Altamirano, del pueblo de Ayo Ayo, se habría debido al
cansancio de sus habitantes por la corrupción y la postergación de sus
demandas. Otro caso similar sucedió en el pueblo peruano de Ilave. En
ambos, se atribuyó este desenlace a una práctica de "justicia
comunitaria" propia de las tradiciones de su población.
Pero no hay ejemplaridad en estos actos, sino síntomas de un malestar que
debe merecer la atención de los dirigentes y gobernantes.
El segundo ajusticiamiento de un alcalde en la región andina
boliviano-peruana es un llamado de atención sobre la responsabilidad que
recae en la dirigencia elegida por el pueblo, en situaciones de extrema
pobreza y exclusión social.