Buscando respuestas ante los hechos
Los comunitarios de Ayo Ayo, una población
ubicada a 85 km al sudoeste de La Paz, se cansaron de denunciar actos de
corrupción contra el alcalde Benjamín Altamirano Calle (NFR), desde
aproximadamente hace tres años, al que las 11 comunidades que conforman el
municipio decidieron quemarlo en vida, no sin antes someterlo a vejámenes y
torturas. Una de sus viviendas fue incendiada.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada de ayer cuando supuestamente el
alcalde Altamirano fue detenido por una turba enardecida que lo llevó
amarrado hasta los pies del monumento a Tupac Katari, ubicado en la plaza
principal de Ayo Ayo, donde le prendieron fuego hasta darle muerte.
Los lugareños de las 11 comunidades del municipio se concentraron en la
plaza principal para expresar su protesta contra las autoridades
gubernamentales que durante tres años hicieron caso omiso a sus
reclamaciones por las irregularidades observadas contra el malogrado
alcalde, principalmente las del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta
de que presentaron pruebas de corrupción en el manejo de los recursos que
llegaban para el mejoramiento de la zona, que nunca fue realizada.
Aproximadamente a las 10:00, Radiopatrulla recibió la denuncia de algunos
familiares de la víctima en el sentido de que éste había sido secuestrado y
que los comunitarios de la zona intentaban atentar contra su vida, pero
cuando los uniformados llegaron, Altamirano ya había sido quemado y los
pobladores continuaban gritando estribillos de protesta e incluso impedían
el ingreso de los uniformados, por lo que pidieron refuerzos que llegaron
aproximadamente a las 11:30.
Los comunitarios se armaron de piedras y palos para evitar el ingreso de la
Policía, pero finalmente los ánimos se calmaron pasado el mediodía, hasta
que la División Homicidios de la Policía Técnica Judicial llegó a realizar
el levantamiento legal del cadáver para trasladarlo hasta la morgue del
hospital de Clínicas de El Alto para la autopsia de ley.
Varios periodistas de diferentes medios de comunicación que llegaron hasta
el lugar para reflejar lo sucedido, fueron agredidos por la gente.
Rostros que denotan sufrimiento, desconfianza, bronca, rencor e impotencia,
fueron las primeras imágenes que pudo captar EL DEBER en el momento de
llegar a la plaza principal de Ayo Ayo, donde aún se encontraban reunidos
dirigentes de las comunidades, con una temperatura de dos grados
centígrados.
El pueblo ubicado a escasos metros de la carretera entre La Paz y Oruro,
parecía haber sufrido un terremoto debido a que la mayoría de sus habitantes
se encontraba sobre las aceras, con los rostros de incertidumbre o como si
alguien los quisiera inculpar por el horrendo hecho. Algunos estaban
cubiertos por ponchos y otras indumentarias para ahuyentar el helado viento,
otros, agrupados en diferentes sectores tomando alguna bebida con alcohol,
precisamente para tratar de evadir el crudo frío.
Algunos lugareños reiteraron que lo ocurrido fue 'justicia comunitaria',
considerando que los afectados son todos los vivientes del municipio y por
eso todos se consideraban responsables del hecho.
Willy Mejía Ramírez Llanos, presidente de la Junta de Vecinos, dijo que "la
justicia divina llegó porque lamentablemente este alcalde nos ha robado a
toda la jurisdicción. Nunca hizo obras y lo poco que hizo fue corrupción
porque había sobreprecio en cada cosa. Por ejemplo, allí en una comunicad
llamada Momanidi compró diez bolsas de cemento y declaró 100. Así como éste
y muchos otros actos de este señor hicieron que explotara la gente. Hace
años que existen denuncias contra él, (asumió en 2000) pero ninguna de las
autoridades nos escuchó", dijo el dirigente y agregó que el ex alcalde fue
suspendido de sus funciones y sometido a un juicio oral por corrupción,
enriquecimiento ilícito y otros delitos, realizado en el pueblo de Sica Sica,
de donde, pese a presentar pruebas contundentes, salió absuelto de culpa y
pena.
"Hemos ido a Sica Sica, hemos ido a Sucre y donde la delegada
anticorrupción, Lupe Cajías, pero nadie nos dio importancia y esto llegó al
límite", dijo Mejía.
Otro dirigente que prefirió el anonimato, dijo que el pueblo ya no aguantó
más y por eso el resultado de un problema que data de 2001, desde cuando
hubo reclamos y denuncias de corrupción. "Creo que la gota que rebalsó el
vaso fue el apoyo incondicional que le brindó el senador por el MAS, Bonifaz
Bellido, al ex alcalde Altamirano, pese a que conocía en detalle todas las
denuncias en su contra", dijo el dirigente.
Una reunión de Concejo lo censuró y lo destituyó. En esa reunión se nombró
como alcalde interino a Saturnino Apaza Aru que tenía mayoría en el Concejo,
pero las autoridades gubernamentales lo desconocieron, no le habilitaron las
cuentas y seguían apoyando a Altamirano.
Severo Sánchez, que se identificó como una ex autoridad de Ayo Ayo, dijo que
el ex alcalde Altamirano desde 2001 no presentó ningún informe sobre los
montos recibidos para realizar obras en sus comunidades.
Altamirano Calle tenía 55 años y deja nueve hijos.
El Gobierno impulsará la
investigación
El Gobierno anunció ayer que impulsará la investigación contra los
responsables de la muerte del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano ante
las instancias pertinentes, pues, consideró que los comunitarios violaron el
estado de derecho en nombre de la justicia comunitaria.
El viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, indicó que se tomará cartas en
el asunto, mediante el Ministerio de Gobierno y las instancias pertinentes,
toda vez que en su criterio, los pobladores cometieron un delito y éste debe
ser sancionado.
"No puede existir una distorsión de la justicia comunitaria, los hechos
registrados son una desnaturalización, además son actos delincuenciales que
deben ser penados", indicó la autoridad.
Recordó que la justicia comunitaria surge por la necesidad de cohesionar el
entramado social del país, enfatizando la igualdad a partir de la
diferencia, permitiendo que los indígenas pasen de una condición de
ciudadanos de segunda clase a la de ciudadanos plenos e iguales a todos los
habitantes de Bolivia.
Indicó que su despacho dará las garantías necesarias a un testigo que estuvo
presente al momento del secuestro del burgomaestre. Este martes prestó una
declaración informativa ante uno de los fiscales adscritos al caso. /ANF
El municipio
Recursos. Por recursos de
coparticipación tributaria administró en 2003, $us 1.081.168 y la inversión
municipal fue cero en los últimos tres años.
Antecedentes. En marzo de 2002, a Altamarino le quemaron su casa e
intentaron lincharlo. Manejaba la Alcaldía desde su domicilio en El Alto.
Malversación. Los comunitarios denunciaron que el alcalde se guardó
alrededor de $us 4 millones.
Pedido. El concejal de Ayo Ayo, Saturnino Apaza Aro, fue aprehendido.
La familia de Altamarino lo acusa como principal instigador.
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Violencia.
Un camarógrafo de canal 7, Televisión Boliviana, fue herido ayer en Ayo
Ayo. La gente está molesta |
Pobladores de Ayo Ayo
amenazan con derribar torre de electricidad
Los habitantes de la población, donde ayer fuera asesinado el alcalde por
presuntos actos de corrupción, amenazaron con derribar una torre de
transmisión eléctrica cercana al lugar, entre otras acciones violentas de
protesta, si las autoridades no atienden sus reclamos.
Ramón Copa, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores
Agrarios de la provincia Aroma, a la que pertenece la localidad, declaró en
el lugar del suceso que los pobladores de Ayo Ayo exigen la "liberación
inmediata" del concejal Saturnino Apaza, quien se encuentra detenido por la
Policía desde el lunes en La Paz, por su presunta relación con el caso.
"Apaza no es culpable", aseguró el líder campesino, que advirtió que, si las
autoridades no dejan en libertad al munícipe, derribarán la torre de alta
tensión y cortarán el gasoducto y el oleoducto que se hallan en esa zona del
altiplano andino.
Copa amenazó además con bloquear la carretera que pasa frente a Ayo Ayo, que
une la urbe paceña y la ciudad de Oruro, y forma parte del eje troncal que
conecta con el oriente del país, hacia las localidades de Cochabamba y Santa
Cruz.
Por su parte, el ex diputado del Movimiento Indígena Pachacuti, Felipe
Quispe, dijo que lo que pasó en Ayo Ayo, ocurrió también en Ilave (Perú),y
que puede pasar en Achacachi, Escoma, Caquiaviri, Viacha y cualquier otra
población del altiplano. "Las habas se cuecen en todos lados y las
poblaciones hacen práctica de la justicia por sus propias manos, al ver que
nunca o casi nunca se castiga a los culpables de robos de la cosa pública",
afirmó y agregó que también que ha visto muchas veces a la gente en
poblaciones como Chuma, Muñecas y Charazani, llorando y diciendo que ‘el
alcalde se ha comido mi dinero, ahora no tengo para darle nada a mis hijos’.
"Si nosotros utilizamos aún las herramientas que nos trajeron los
colonizadores españoles, tenemos que regirnos por las leyes comunitarias
castigando a los ladrones y corruptos", así calificó ‘Mallku’, al referirse
a los sucesos de la localidad de Ayo Ayo.
Ramiro Calla / Ministro de Asuntos Ind.
Producto del
ajuste perverso
Lo sucedido en Ayo Ayo tiene que
ver con procesos de descomposición política local, porque distintas fuerzas
disputan poderes locales. Existe una hiperpolitización vinculada a intereses
de distintos sectores entre los municipios. La debilidad reside en que el
Estado está naciendo a través de los municipios de modo serio en el mundo
rural local, es importante, pero queda pendiente un fortalecimiento de las
fuerzas públicas municipales.
Se cruzan los tres temas, un componente social, institucional y lo político,
algo de la realidad política local o vinculada a una cosa más regional y
puede que se trate de un tema delincuencial en medio de lo institucional. Es
producto del ajuste estructural perverso que ha vivido el país.
En ese contexto, hay que entender bien eso de la justicia comunitaria, que
tiene sus bondades y no se debe confundir linchamiento o justicia por mano
propia con la justicia comunitaria, ésta no es justicia por mano propia o
linchamiento, estos hechos son procesos que se están desarrollando en estos
últimos diez años en Bolivia.
Lo sucedido en Ayo Ayo no es justicia comunitaria, de ningún modo, es un
equívoco perverso hacer esa relación. La justicia comunitaria tiene usos,
costumbres y reglas específicas de aplicación en los mecanismos del
abigeato, violación, robos y otros delitos.
En términos objetivos estamos frente a un escenario focalizado y atómico en
un lugar y otro, pero no es un escenario de dinámica que se pueda reproducir
e incluso a algunos les gustará que se repita para desestabilizar el proceso
democrático. Si algunos intentan que esto se reproduzca, están equivocados.