Buscando respuestas ante los hechos

Los comunitarios de Ayo Ayo, una población ubicada a 85 km al sudoeste de La Paz, se cansaron de denunciar actos de corrupción contra el alcalde Benjamín Altamirano Calle (NFR), desde aproximadamente hace tres años, al que las 11 comunidades que conforman el municipio decidieron quemarlo en vida, no sin antes someterlo a vejámenes y torturas. Una de sus viviendas fue incendiada.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada de ayer cuando supuestamente el alcalde Altamirano fue detenido por una turba enardecida que lo llevó amarrado hasta los pies del monumento a Tupac Katari, ubicado en la plaza principal de Ayo Ayo, donde le prendieron fuego hasta darle muerte.
Los lugareños de las 11 comunidades del municipio se concentraron en la plaza principal para expresar su protesta contra las autoridades gubernamentales que durante tres años hicieron caso omiso a sus reclamaciones por las irregularidades observadas contra el malogrado alcalde, principalmente las del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta de que presentaron pruebas de corrupción en el manejo de los recursos que llegaban para el mejoramiento de la zona, que nunca fue realizada.
Aproximadamente a las 10:00, Radiopatrulla recibió la denuncia de algunos familiares de la víctima en el sentido de que éste había sido secuestrado y que los comunitarios de la zona intentaban atentar contra su vida, pero cuando los uniformados llegaron, Altamirano ya había sido quemado y los pobladores continuaban gritando estribillos de protesta e incluso impedían el ingreso de los uniformados, por lo que pidieron refuerzos que llegaron aproximadamente a las 11:30.
Los comunitarios se armaron de piedras y palos para evitar el ingreso de la Policía, pero finalmente los ánimos se calmaron pasado el mediodía, hasta que la División Homicidios de la Policía Técnica Judicial llegó a realizar el levantamiento legal del cadáver para trasladarlo hasta la morgue del hospital de Clínicas de El Alto para la autopsia de ley.
Varios periodistas de diferentes medios de comunicación que llegaron hasta el lugar para reflejar lo sucedido, fueron agredidos por la gente.
Rostros que denotan sufrimiento, desconfianza, bronca, rencor e impotencia, fueron las primeras imágenes que pudo captar EL DEBER en el momento de llegar a la plaza principal de Ayo Ayo, donde aún se encontraban reunidos dirigentes de las comunidades, con una temperatura de dos grados centígrados.
El pueblo ubicado a escasos metros de la carretera entre La Paz y Oruro, parecía haber sufrido un terremoto debido a que la mayoría de sus habitantes se encontraba sobre las aceras, con los rostros de incertidumbre o como si alguien los quisiera inculpar por el horrendo hecho. Algunos estaban cubiertos por ponchos y otras indumentarias para ahuyentar el helado viento, otros, agrupados en diferentes sectores tomando alguna bebida con alcohol, precisamente para tratar de evadir el crudo frío.
Algunos lugareños reiteraron que lo ocurrido fue 'justicia comunitaria', considerando que los afectados son todos los vivientes del municipio y por eso todos se consideraban responsables del hecho.
Willy Mejía Ramírez Llanos, presidente de la Junta de Vecinos, dijo que "la justicia divina llegó porque lamentablemente este alcalde nos ha robado a toda la jurisdicción. Nunca hizo obras y lo poco que hizo fue corrupción porque había sobreprecio en cada cosa. Por ejemplo, allí en una comunicad llamada Momanidi compró diez bolsas de cemento y declaró 100. Así como éste y muchos otros actos de este señor hicieron que explotara la gente. Hace años que existen denuncias contra él, (asumió en 2000) pero ninguna de las autoridades nos escuchó", dijo el dirigente y agregó que el ex alcalde fue suspendido de sus funciones y sometido a un juicio oral por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos, realizado en el pueblo de Sica Sica, de donde, pese a presentar pruebas contundentes, salió absuelto de culpa y pena.
"Hemos ido a Sica Sica, hemos ido a Sucre y donde la delegada anticorrupción, Lupe Cajías, pero nadie nos dio importancia y esto llegó al límite", dijo Mejía.
Otro dirigente que prefirió el anonimato, dijo que el pueblo ya no aguantó más y por eso el resultado de un problema que data de 2001, desde cuando hubo reclamos y denuncias de corrupción. "Creo que la gota que rebalsó el vaso fue el apoyo incondicional que le brindó el senador por el MAS, Bonifaz Bellido, al ex alcalde Altamirano, pese a que conocía en detalle todas las denuncias en su contra", dijo el dirigente.
Una reunión de Concejo lo censuró y lo destituyó. En esa reunión se nombró como alcalde interino a Saturnino Apaza Aru que tenía mayoría en el Concejo, pero las autoridades gubernamentales lo desconocieron, no le habilitaron las cuentas y seguían apoyando a Altamirano.
Severo Sánchez, que se identificó como una ex autoridad de Ayo Ayo, dijo que el ex alcalde Altamirano desde 2001 no presentó ningún informe sobre los montos recibidos para realizar obras en sus comunidades.
Altamirano Calle tenía 55 años y deja nueve hijos.

El Gobierno impulsará la investigación

El Gobierno anunció ayer que impulsará la investigación contra los responsables de la muerte del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano ante las instancias pertinentes, pues, consideró que los comunitarios violaron el estado de derecho en nombre de la justicia comunitaria.
El viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, indicó que se tomará cartas en el asunto, mediante el Ministerio de Gobierno y las instancias pertinentes, toda vez que en su criterio, los pobladores cometieron un delito y éste debe ser sancionado.
"No puede existir una distorsión de la justicia comunitaria, los hechos registrados son una desnaturalización, además son actos delincuenciales que deben ser penados", indicó la autoridad.
Recordó que la justicia comunitaria surge por la necesidad de cohesionar el entramado social del país, enfatizando la igualdad a partir de la diferencia, permitiendo que los indígenas pasen de una condición de ciudadanos de segunda clase a la de ciudadanos plenos e iguales a todos los habitantes de Bolivia.
Indicó que su despacho dará las garantías necesarias a un testigo que estuvo presente al momento del secuestro del burgomaestre. Este martes prestó una declaración informativa ante uno de los fiscales adscritos al caso. /ANF

El municipio

Recursos. Por recursos de coparticipación tributaria administró en 2003, $us 1.081.168 y la inversión municipal fue cero en los últimos tres años.
Antecedentes. En marzo de 2002, a Altamarino le quemaron su casa e intentaron lincharlo. Manejaba la Alcaldía desde su domicilio en El Alto.
Malversación. Los comunitarios denunciaron que el alcalde se guardó alrededor de $us 4 millones.
Pedido. El concejal de Ayo Ayo, Saturnino Apaza Aro, fue aprehendido. La familia de Altamarino lo acusa como principal instigador.

Violencia. Un camarógrafo de canal 7, Televisión Boliviana, fue herido ayer en Ayo Ayo. La gente está molesta

Pobladores de Ayo Ayo amenazan con derribar torre de electricidad

Los habitantes de la población, donde ayer fuera asesinado el alcalde por presuntos actos de corrupción, amenazaron con derribar una torre de transmisión eléctrica cercana al lugar, entre otras acciones violentas de protesta, si las autoridades no atienden sus reclamos.
Ramón Copa, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la provincia Aroma, a la que pertenece la localidad, declaró en el lugar del suceso que los pobladores de Ayo Ayo exigen la "liberación inmediata" del concejal Saturnino Apaza, quien se encuentra detenido por la Policía desde el lunes en La Paz, por su presunta relación con el caso.
"Apaza no es culpable", aseguró el líder campesino, que advirtió que, si las autoridades no dejan en libertad al munícipe, derribarán la torre de alta tensión y cortarán el gasoducto y el oleoducto que se hallan en esa zona del altiplano andino.
Copa amenazó además con bloquear la carretera que pasa frente a Ayo Ayo, que une la urbe paceña y la ciudad de Oruro, y forma parte del eje troncal que conecta con el oriente del país, hacia las localidades de Cochabamba y Santa Cruz.
Por su parte, el ex diputado del Movimiento Indígena Pachacuti, Felipe Quispe, dijo que lo que pasó en Ayo Ayo, ocurrió también en Ilave (Perú),y que puede pasar en Achacachi, Escoma, Caquiaviri, Viacha y cualquier otra población del altiplano. "Las habas se cuecen en todos lados y las poblaciones hacen práctica de la justicia por sus propias manos, al ver que nunca o casi nunca se castiga a los culpables de robos de la cosa pública", afirmó y agregó que también que ha visto muchas veces a la gente en poblaciones como Chuma, Muñecas y Charazani, llorando y diciendo que ‘el alcalde se ha comido mi dinero, ahora no tengo para darle nada a mis hijos’.
"Si nosotros utilizamos aún las herramientas que nos trajeron los colonizadores españoles, tenemos que regirnos por las leyes comunitarias castigando a los ladrones y corruptos", así calificó ‘Mallku’, al referirse a los sucesos de la localidad de Ayo Ayo.

Ramiro Calla / Ministro de Asuntos Ind.

Producto del ajuste perverso

Lo sucedido en Ayo Ayo tiene que ver con procesos de descomposición política local, porque distintas fuerzas disputan poderes locales. Existe una hiperpolitización vinculada a intereses de distintos sectores entre los municipios. La debilidad reside en que el Estado está naciendo a través de los municipios de modo serio en el mundo rural local, es importante, pero queda pendiente un fortalecimiento de las fuerzas públicas municipales.
Se cruzan los tres temas, un componente social, institucional y lo político, algo de la realidad política local o vinculada a una cosa más regional y puede que se trate de un tema delincuencial en medio de lo institucional. Es producto del ajuste estructural perverso que ha vivido el país.
En ese contexto, hay que entender bien eso de la justicia comunitaria, que tiene sus bondades y no se debe confundir linchamiento o justicia por mano propia con la justicia comunitaria, ésta no es justicia por mano propia o linchamiento, estos hechos son procesos que se están desarrollando en estos últimos diez años en Bolivia.
Lo sucedido en Ayo Ayo no es justicia comunitaria, de ningún modo, es un equívoco perverso hacer esa relación. La justicia comunitaria tiene usos, costumbres y reglas específicas de aplicación en los mecanismos del abigeato, violación, robos y otros delitos.
En términos objetivos estamos frente a un escenario focalizado y atómico en un lugar y otro, pero no es un escenario de dinámica que se pueda reproducir e incluso a algunos les gustará que se repita para desestabilizar el proceso democrático. Si algunos intentan que esto se reproduzca, están equivocados.