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Sábado, 18 de diciembre de 2004

OPINIÓN
EDICIÓN IMPRESA - Editoriales
IZAR Y SU SOLUCIÓN
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EL acuerdo entre la Sepi y los sindicatos era probablemente el único posible. Aunque la adscripción civil o militar de los distintos astilleros esconda algún elemento electoral. Las centrales sindicales mayoritarias, y algunos sectores del propio Gobierno, han acabado por entender que la pertenencia a Europa impone ciertas reglas de disciplina económica. Pero algunas promesas alegres e irresponsables y la actitud de sindicatos nacionalistas, que no pierden oportunidad de azuzar el clima de enfrentamiento ante la inminencia de elecciones autonómicas en algunas Comunidades, no permiten descartar que continúen las escenas de violencia callejera. En cualquier caso, y aunque la vía interna parezca despejada, la primera reacción de Bruselas al plan ha sido más bien pesimista al despertar «ciertas inquietudes en la Comisión», pues no se ajusta a «los compromisos que había hecho el Gobierno español al ex comisario de Competencia, Mario Monti». El frente exterior puede estar aún, por tanto, bastante atascado.

En cualquier caso, el acuerdo parte de una realidad que se ha querido ignorar durante demasiado tiempo: la Izar actual no es viable. España ya no es un país de salarios bajos y sólo pueden sobrevivir actividades intensivas en tecnología y capital humano como es la industria naval militar. La reconversión industrial de los astilleros era una asignatura pendiente. Y se ha resuelto, como siempre, con un acuerdo con los sindicatos que han demostrado responsabilidad, aunque se les pueda reprochar que hayan esperado a un gobierno amigo para pactar lo que no fueron capaces de aceptar del PP.

La esperada separación de Izar en una sociedad civil y otra militar es la única solución posible. Pero hay que confiar en que no sea sólo una manera de posponer el problema. Hay dudas razonables sobre la dimensión resultante de la empresa militar, y sobre la viabilidad de la inclusión a última hora de algunos astilleros. Sobre la parte civil y su posible privatización pesan más interrogantes. No está claro que haya inversores privados interesados, y mucho menos si se trata de participar en una única empresa que agrupe las instalaciones de Sestao, Sevilla, Gijón y Manises. Si hay alguna posibilidad de futuro es para astilleros pequeños, flexibles, versátiles y dinámicos. Y ello exige la disolución de las estructuras existentes y la subasta de los activos disponibles. Pero si se pretende que las Cajas de Ahorros financien otro Izar, cuya carga de trabajo esté aparentemente garantizada por demagógicos acuerdos internacionales o por compromisos políticos de empresas privadas, no sólo se les hace un flaco favor a las Cajas, sino que repetiremos el problema en pocos años. Con mayor violencia, porque los trabajadores y la opinión pública se sentirán, con razón, engañados.

El ajuste de plantilla estimado supera los 4.100 trabajadores, lo que da idea de la magnitud del acuerdo alcanzado, al coste previsto. Bienvenida sea, pero cabe acaso reprochar una vez más la escasa imaginación de recurrir sólo a jubilaciones anticipadas. La lógica económica y social es perversa: se condena a la jubilación y el subsidio permanente a las personas mayores de 52 años que tendrán escasas posibilidades de recolocación, antes que confiar en medidas activas de empleo. Tampoco casa demasiado esta prejubilación masiva con el espíritu del compromiso de Zapatero con estos trabajadores de que nadie «quedaría abandonado a su suerte». Todos los trabajadores entendieron que eso significaba otro cosa, no destruir cuatro mil puesto de trabajo de un plumazo vía prejubilación.