Internacionales
Asunción, Paraguay, Viernes 29 de Abril de 2005
Congreso de Nicaragua busca forzar la salida del presidente Bolaños
Las bancadas mayoritarias del Congreso de Nicaragua han apoyado las protestas populares contra el alza del precio del combustible para crear un clima de ingobernabilidad y forzar la renuncia del presidente Enrique Bolaños, aseguró ayer el diputado Miguel López, presidente del partido gubernamental Alianza por la República (APRE).
Nicaragua enfrenta desde hace tres semanas paros escalonados del transporte público, que desde el lunes son permanentes en la capital, y manifestaciones de protestas por el encarecimiento del combustible y del pasaje del transporte público, que el Gobierno intentaba este jueves resolver a través del diálogo.
Las protestas fueron dirigidas por gremios estudiantiles y sindicatos que piden a Bolaños tomar medidas para proteger a los sectores vulnerables.
A las protestas se sumaron 96 de los 152 alcaldes del país que el lunes pidieron al Mandatario que resuelva la crisis o que renuncie.
Las demandas fueron apoyadas por las fuerzas mayoritarias del Congreso: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC-derecha) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), que mantienen un enfrentamiento con el Gobierno.
"No pretendemos que él (Bolaños) se vaya, ahora, si la población lo destituye o él mismo genera una anarquía con su actitud que se salga de sus manos, no es responsabilidad del Legislativo si hay que destituirlo", afirmó la diputada sandinista Alba Palacios.
"Si Bolaños no puede o no quiere solucionar la crisis, que renuncie. Esa es una decisión suya; además, existe todo un proceso penal contra él que puede dar como resultado su destitución", declaró el vicepresidente del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro.
Navarro se refirió a la acusación que la Fiscalía presento hace dos años y medio contra el mandatario ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestos delitos electorales, cometidos durante la campaña que lo llevó al poder en enero del 2002.
El proceso contra el gobernante depende del levantamiento de su inmunidad en el Congreso, la cual pesa sobre su mandato como una "espada de Damocles", estiman políticos aliados del Gobierno.
El diputado evangélico Guillermo Osorno consideró que "es muy difícil que se atrevan (a destituirlo), aunque todo es posible en Nicaragua", debido al conflicto que el Gobierno tiene con el Parlamento.
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