El acuerdo alcanzado entre los transportistas y el Gobierno para poner fin al paro del transporte público en Managua ha rebajado la tensión política y social que se ha vivido en Nicaragua en los últimos días.
Tras casi dos días de negociaciones, el Gobierno, los transportistas, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), los dirigentes estudiantiles y la alcaldía de Managua, lograron firmar un acuerdo para solucionar la crisis originada por el alza de los precios del pasaje.
El acuerdo establece un subsidio de tres meses para los transportistas de 1,8 millones de dólares de los que 1,2 millones asumirá el Gobierno y el resto la alcaldía, para que se mantenga en 15 centavos de dólar el precio del billete.
Al anunciar el acuerdo, el ministro nicaragüense de Hacienda, Mario Arana, afirmó que "hemos llegado a un entendimiento que da tranquilidad y estabilidad" al país.
La protesta ha mantenido paralizada en los últimos cuatro días Managua, que tiene 1,2 millones de habitantes, de los que 800.000 son usuarios del transporte público y la mayoría pertenecen a sectores de bajos ingresos, según reconoció el ministro Arana.
Miles de ciudadanos se han visto obligados en los últimos días a caminar largos trayectos o pagar pasajes arbitrarios a camionetas particulares para llegar a sus trabajos o movilizarse en esta capital.
Los estudiantes iniciaron el pasado día 5 una oleada de protestas que han desembocado en actos de violencia por el alza del pasaje en tres centavos de dólar (de 15 a 18 centavos de dólar).
Varias jornadas de enfrentamientos
Tras dos días de relativa calma, los universitarios volvieron el jueves a cerrar calles y avenidas y a enfrentarse durante varias horas a la policía. Los enfrentamientos del jueves concluyeron sin heridos ni detenidos, según informó un portavoz de la policía.
Desde que se iniciaron las protestas, los disturbios han dejado 17 heridos (cinco policías y 12 manifestantes), así como la quema de diez vehículos y 68 detenidos, de los cuales 64 fueron liberados por cuatro jueces de Managua.
En el trasfondo de la crisis social y económica por el alza del combustible, está la crisis política que vive Nicaragua desde hace meses por los constantes enfrentamientos entre el presidente Enrique Bolaños y los dos principales partidos del país: los liberales y los sandinistas.
La aprobación por parte de los liberales y los sandinistas de una reforma constitucional que resta a Bolaños facultades y que lo obliga a contar con el apoyo del Parlamento para nombrar a los altos cargos de su gobierno es el último capítulo de la crisis política.
Cruce de acusaciones
Bolaños ha acusado al ex presidente y máximo líder sandinista Daniel Ortega de estar detrás de las protestas callejeras y de crear una crisis artificial para destruir al país.
A su vez, Ortega también subió el tono de sus declaraciones y señaló que si Bolaños no puede resolver los problemas del país lo mejor es que renuncie.
En reiteradas ocasiones en los últimos días, Bolaños ha asegurado que no piensa renunciar a su cargo.
La crisis de Nicaragua también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional y los presidentes de Centroamérica se declararon en "alerta máxima".
Mientras, el secretario general interino de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luigi Einaudi, señaló en un comunicado que sigue con la mayor atención y preocupación los acontecimientos de los últimos días en Nicaragua, y la evolución de la situación política.
El jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, declaró que aunque las fuerzas armadas se encuentran "atentas" al desarrollo de la crisis, "esperamos que se resuelva por la vía del diálogo".